EEUU Inyecta Vida a Estados Demócratas con Restauración de Fondos para Desastres y Reconstrucción

En un golpe significativo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, una jueza federal ha bloqueado el intento del gobierno de reducir fondos federales destinados a la Seguridad Nacional para los estados que se niegan a cooperar con ciertas medidas de inmigración. La decisión de la jueza Mary McElroy es un triunfo para la coalición de 12 fiscales generales estatales que presentaron una demanda en contra del gobierno hace unos meses, después de recibir alertas sobre la posible reducción significativa de subvenciones federales en sus jurisdicciones.

Según la jueza McElroy, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para la Migración y el Control Fronterizo (ICE por sus iniciales en inglés) habían planeado reducir los fondos federales destinados a la seguridad pública y la cooperación con autoridades estatales, si bien se negaran a cumplir con las demandas del gobierno federal sobre la detención de personas indocumentadas. Sin embargo, la jueza concluyó que esta medida era inconstitucional y violaba los principios básicos de autonomía gubernamental y justicia.

La coalición de fiscales generales estatales, liderada por el fiscal general de Nueva York, Barbara Underwood, argumentó que la medida del gobierno federal era un intento arbitrario de ejercer control sobre las decisiones de los estados en materia de inmigración. La jueza McElroy se mostró de acuerdo y declaró que no podía permitir que el gobierno federal presione a los estados para cumplir con sus demandas migratorias.

La medida bloqueada por la jueza McElroy afectaba directamente a 12 estados, incluyendo Nueva York, California, Illinois, Texas, Arizona y Florida, entre otros. Estos estados se consideran “santuarios” debido a que no cooperan con las políticas migratorias del gobierno federal, como la detención de personas indocumentadas. Los fiscales generales estatales argumentaron que esta medida era una forma de coacción para que los estados cambiaran sus políticas en materia de inmigración.

La decisión de la jueza McElroy tiene importantes implicaciones en el contexto actual, en el que las políticas migratorias han sido un tema muy polemico y contencioso. La medida bloqueada es solo la última de una serie de desafíos legales presentados por los estados y organismos no gubernamentales contra las políticas del gobierno federal en materia de inmigración.

La jueza McElroy ordenó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Agencia Federal para la Migración y el Control Fronterizo (ICE) no puedan reducir los fondos federales destinados a la seguridad pública y la cooperación con autoridades estatales, hasta que no se resuelva la cuestión en un tribunal superior. La decisión es una victoria importante para la coalición de fiscales generales estatales y un golpe significativo a las políticas migratorias del presidente Trump.